Alto Directivo. La actividad económica fuera de la legalidad es uno de los asuntos que más preocupa al Gobierno y más concretamente a la Agencia Tributaria. Actualmente, según un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos, se estima que representa en torno al 17% del PIB español, lo que significa una importante parte de la economía total española. Además, la actual coyuntura financiera está provocando el incremento de la economía sumergida, un factor que sin duda alguna perjudica nuestra capacidad de competir en los mercados, y que desde la AESP (Asociación Española de Servicios a la Persona) pretendemos combatir. En este sentido, el Grupo Parlamentario Convergència i Unió se ha posicionado junto a la AESP y ha llevado al Parlamento una Proposición no de Ley por la que insta al Gobierno a desarrollar un proyecto de Ley de regulación del sector de servicios a la persona.
Para Convergència i Unió, el cambio de modelo social ha transformado las necesidad de las personas y de las familias. La mujer se ha incorporado al mercado laboral, la esperanza de vida es mucho mayor y las exigencias del mercado laboral son algunos de los condicionantes que ha llevado a la agrupación política a defender una Ley muy necesaria de cara a la creación del empleo y por lo tanto al crecimiento de la economía. Un claro ejemplo es el de la economía francesa, que después de aprobar en 2005 la Ley Borloo, los servicios a la persona se han convertido en una de las áreas con mayor crecimiento de la economía, generando cada año 100.000 empleos en Francia. Bélgica y Suecia también han seguido este modelo, y en Italia aún lo están probando.
Entre los sectores más proclives a trabajar de forma irregular destaca el de los Servicios a la Persona, debido fundamentalmente a la enorme burocracia que supone la contratación en el mercado legal, el incremento del coste y la falta de regulación laboral al respecto. Convergència i Unió está convencida de que estos condicionantes están impidiendo la creación de empleo en un sector que puede ser el nicho de trabajo más importante actualmente y desde luego, para la próxima década, y una de las claves para el crecimiento económico de nuestro país. De hecho, en el informe “Cómo mejorar la calidad de vida y conciliar trabajo-familia en España, creando 1 millón de empleos” publicado por la AESP, argumenta cómo a través de la adaptación de las normativas en materia de empleo, se podría llegar a crear 700.000 nuevos puestos de trabajo no deslocalizables en tan solo 5 años, de los cuales 300.000 se podrían crear en los próximos 3 años.
Proyecto de Ley
Convergència i Unió ha incluido en su propuesta de Ley puntos tan relevantes como:
- promover junto a las comunidades autónomas un desarrollo de la Ley de la Dependencia orientado a la creación de empleo regular
- regular un sistema integrado de cotización social bonificada y retenciones de IRPF, a través del cheque un pago exclusivo para la compra de servicios a la persona
- aplicar desgravaciones fiscales en el IRPF a las personas que utilicen este tipo de servicios
- incentivar las medidas de conciliación entre las empresas y que éstas se puedan beneficiar de las desgravaciones por el uso de los servicios de sus empleados
- impulsar el convenio de cuidadores no profesionales
En este sentido, desde la AESP siempre se ha expresado la necesidad de crear de forma urgente una Agencia Nacional de Servicios a la Persona, capaz de coordinar las acciones necesarias entre Comunidades Autónomas y los distintos Ministerios a los que afecta, para sacar a la luz tan importante bolsa de fraude a la vez que se conseguiría una mayor cualificación profesional de los profesionales que desarrollan este tipo de actividades. Además, la Agencia también se ocuparía de sentar las bases para un nuevo marco legal capaz de facilitar el acceso a los SAP (Servicios a la Persona) a cualquier persona, independientemente del lugar donde viva. Esto se llevaría a cabo a través de la implantación de un Documento de Pago (similar al CESU- Cheque Empleo Servicio Universal- francés), válido para el pago directo de estos servicios por el usuario y en el que ya estén incluidas las cotizaciones correspondientes a la Seguridad Social de los trabajadores que quiera contratar, eliminando así trabas administrativas. También sería válido para comprar servicios asistenciales a las empresas correctamente homologadas para ello. Esto permitiría que el dinero entregado, por ejemplo para atender la dependencia, se tenga que destinar obligatoriamente a este fin.
