Alto Directivo. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha detectado a lo largo del primer semestre del año hasta 4.500 casos de fraude relacionados con personas que cobraban la prestación por desempleo pese a contar con un trabajo, según ha desvelado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado la remisión del anteproyecto de ley de lucha contra el fraude en el ámbito del empleo irregular irregular y el fraude en la Seguridad Social al Consejo Económico y Social (CES), Sáenz de Santamaría ha precisado que Empleo ha llevado a cabo para ello casi 10.000 inspecciones.
Además, dentro de esta tarea de investigación, el Ministerio dirigido por Fátima Báñez ha llevado a cabo más de 110.000 inspecciones en materia de empleo irregular que se han saldado con casi 40.000 empleos aflorados. Otras 11.051 operaciones para detectar empresas ficticias han derivado en 800 infracciones y la detección de hasta 14.000 contratos falsos.
"Esta es la senda por la que hay que caminar con más y mejores medios", indicó Sáenz de Santamaría, quien justificó así la elaboración del anteproyecto de ley. La nueva norma trata así de "erradicar estas conductas de economía sumergida", porque "cuando se hacen trampas se hace trampas a la sociedad", añadió.
Además, la vicepresidenta del Gobierno destacó también la incorporación de 53 nuevos inspectores de trabajo y de 60 nuevos subinspectores, y la puesta en marcha de diferentes campañas para aflorar empleo irregular.
CONTROL DE LOS ERES DE SUSPENSIÓN Y REDUCCIÓN DE JORNADA
Este anteproyecto de ley forma parte del plan aprobado el pasado 27 de abril por el Consejo de Ministros y ha sido sometido al trámite de audiencia previa de agentes sociales, sindicatos profesionales y comunidades autónomas.
En relación al contenido presentado en el plan, el Gobierno ha incorporado un seguimiento especial del fraude en los expedientes de regulación de empleo (EREs) de reducción de jornada y de suspensión de empleo.
Funtes del Ministerio de Empleo, indicaron que se trata de atajar casos en los que un empleado tiene que trabajar, por ejemplo, hasta ocho horas cuando el ERE de reducción de jornada limita su horario a seis horas, o aquellos en los que un empleador obliga a sus trabajadores a trabajar en pleno ERE de suspensión. Estos casos se considerarán infracciones muy graves.
