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La Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI) ha presentado su Balance Social 2015, cuyos datos concluyen que las empresas de inserción en España generan un retorno económico de 3.9 millones de euros a la Administración Pública, lo que supone un retorno social de 4.940 euros por cada puesto de inserción a jornada completa en empresas de inserción.

Según Nieves Ramos, presidenta de FAEDEI, "es importante destacar el ahorro que supone para las Administraciones Públicas la contratación en las empresas de inserción de personas que son perceptoras de rentas mínimas de inserción, en concreto según datos del 2015, hablamos de 5,4 millones de euros". El trabajo que cada día realizan las más de 200 empresas de inserción españolas "tiene un claro beneficio directo sobre la cohesión social y otros indicadores indirectos como puede ser el consumo de las familias, la alimentación o el ocio, entre otros… y no olvidemos lo que supone para estas personas, y para sus familias, su incorporación al mercado laboral y su inclusión social por el empleo".

Año tras año, las empresas de inserción demuestran que son herramientas eficaces y eficientes de las políticas activas de empleo. Según datos del Balance Social de FAEDEI, durante 2015 han sido un total de 3.117 las personas que se han beneficiado de los itinerarios personalizados y de la labor que cada día realizan las empresas de inserción que actualmente operan en España.

En 2015, finalizaron sus itinerarios de inserción un total de 761 personas, de las cuales más de la mitad, el 52,43%, se han incorporado al mercado laboral por cuenta ajena, en la misma empresa de inserción o por cuenta propia.

Las empresas de inserción aumentan su facturación un 15%

En el año 2015, las 188 empresas de inserción que han participado en el balance social de FAEDEI, han facturado un total de 106,5 millones de euros, un 15% más que el año anterior. Como afirma Nieves Ramos "hablamos de un modelo de empresa de economía social, que es viable y sostenible porque no depende de las ayudas públicas (que suponen el 16% de los ingresos totales) el 80% de nuestra facturación procede de la venta de productos y servicios. La mejor política de apoyo a las empresas de inserción es contratar sus productos y servicios”. En este sentido, la publicación de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, supuso un importante hito para el sector ya que por un lado se declaraba a las empresas de inserción como entidades prestadoras de servicios de interés económico general y por otro se incluía la obligación por parte de las administraciones públicas de fijar porcentajes de reserva de sus contratos públicos para empresas de inserción. “Esta Ley puede ayudar a que las empresas de inserción crezcan, y no en términos de beneficios sino en términos de más empleo para personas vulnerables ya que las empresas de inserción no reparten beneficios, tienen la obligación de reinvertirlos en mejorar su capacidad productiva y en contratar a más personas en situación y/o riesgo de exclusión social".

Objetivo 2016: Visibilidad de la Ley 31/2015

En 2016, FAEDEI ha realizado un importante esfuerzo de comunicación, formación y difusión de la Ley 31/2015 y de todos los datos de impacto social que tienen las empresas de inserción en toda España. "El objetivo ha sido visibilizar el modelo de las empresas de inserción y nuestra contribución al empleo de las personas más vulnerables". El proyecto ha contado con la financiación de la Dirección General del Trabajo Autónomo, Economía Social y la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Se han organizado diversas actividades, entre las que destacan: la celebración, en Córdoba, de la XIV edición de la Jornada Estatal de Empresas de Inserción en torno a tres ejes técnicos: Empleo, Desarrollo Local y Cohesión Social. La organización de un total de 9 jornadas técnicas por todo el territorio nacional sobre la aplicación de la Ley 31/2015. Y por último, la publicación de tres guías técnicas sobre el Balance Social de las empresas de inserción, la aplicación de la Ley 31/2015 y las oportunidades para el desarrollo de proyectos de Garantía Juvenil a través de empresas de inserción.

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