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Ha costado, pero ya está aquí. No ha sido una tarea nada fácil pero parece ser que todo ha llegado a buen puerto. Tras reuniones largas, muy largas, de los eurodiputados en Bruselas (llegaron a estar un día entero ''encerrados'' discutiendo y acercando posturas), la Comisión Europea y el Consejo, representados por la presidencia española, han logrado un acuerdo para sacar adelante la primera Ley sobre Inteligencia Artificial, la cual deberá servir para regular durante los próximos años diferentes y emergentes tecnologías y especialmente ChatGTP.

Esta nueva Ley será una plataforma de lanzamiento para que las nuevas empresas y los investigadores de la UE lideren la carrera mundial de la IA. Eso sí, no es el último paso, pues ahora tendrán que ratificar lo pactado tanto los gobiernos nacionales por su lado como el pleno de la Eurocámara, para ver si aceptan las modificaciones que se han hecho, con lo que podría entrar en vigor en unas semanas. El proceso arrancó en 2021 con la propuesta legislativa de la Comisión Europea y avanzó muy  lentamente hasta que emergió en el Parlamento Europeo con los chatbots y otro elementos que ya se unan en determiandos campos y que obligaron a repensar el alcance de las directivas.

Sin embargo, lo que empezó con respeto y consenso de que debía haber regulaciones muy fuertes ha ido cambiando en las últimas semanas. El Parlamento Europeo, que siempre es el que aboga por los derechos civiles, las libertades y está en fricción con las capitales nacionales, que atienden mucho a las sensibilidades económicas y de las empresas, llegó con una lista de requisitos importante.

Exigiendo que una amplia lista de usos prohibidos para la IA quedarán recogidos en el Artículo 3, y salvaguardas concretas. Los gobiernos, representados por la presidencia española, se han ido decantado uno a uno por la autorregulación, por priorizar los peligros económicos y el miedo a que Europa quede rezagada en esta tecnología frente a China o EEUU, y se inclinaban por ampliar la lista de riesgos pero evitar en todo lo posible las prohibiciones.

El incumplimiento de las normas, una vez que entren en vigor en unas semanas o meses, puede dar lugar a multas que van desde 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocios global hasta 7,5 millones o el 1,5% del volumen de negocios, dependiendo de la infracción y el tamaño de la empresa.

Los diputados argumentaban que los sistemas de IA de riesgo inaceptable son los que se consideran una amenaza para las personas, como la manipulación cognitiva del comportamiento de personas o grupos vulnerables específicos: por ejemplo, juguetes activados por voz que fomentan comportamientos peligrosos en los niños. O el social scoring que se aplica en China, puntuación social que sirve para clasificación de personas en función de su comportamiento, estatus socioeconómico o características personales. O los sistemas de identificación biométrica en tiempo real y a distancia, como el reconocimiento facial.

La presión ha sido muy fuerte en las últimas semanas, y sobre todo en las últimas 72 horas, para que los eurodiputados cedieran y aceptaran una redacción muy laxa que amplía el número de excepciones a la aplicación de la ley, da poderes a los Estados para el uso de esos instrumentos en casos de seguridad nacional y que abre la puerta a categorizaciones biométricas, de raza, sexo o incluso emociones, en determinadas circunstancias. Decenas de académicos han firmado desde el jueves una carta pidiendo a los diputados que resistan las presiones que permitan la vigilancia policial predictiva y biométrica basada en la raza, por el peligro evidente de discriminación. 

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