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El 70% de los proveedores cobró en 2014 en plazos superiores a los 60 días que establece la ley, según denuncia la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) en su Informe sobre Morosidad 2014. En opinión del presidente de la organización, Antoni Cañete, esta situación supone un "completo abuso".
Además, en caso de sufrir impagos, un 85% de los proveedores nunca o casi nunca exigió a sus clientes morosos los intereses de demora, lo que podría deberse "más al miedo que al propio desconocimiento", según ha explicado Cañete, ya que el 77% de los encuestados ha asegurado conocer la legislación existente.
De acuerdo con este informe, el plazo medio de pago del sector privado aumentó un 5% respecto al año anterior, pasando de 85 días en 2013 a 89 en 2014, frente a los 60 que marca la ley. En cambio, el período de pagos del sector público se redujo un 26%, pasando de 111 días en 2013 a 82 en 2014, cifra que triplica el máximo legal (30 días).
El estudio también apunta que el ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación) se situó en el 5,7%, lo que supone un incremento de 0,6 puntos porcentuales respecto a 2013 (5,1%).
En opinión de Cañete, estamos ante una situación "que debe acabarse cuanto antes", ya que la morosidad ha sido la causa del cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis. Según ha explicado, las medidas sancionadoras han conllevado una mejora progresiva de los plazos de pago, sobre todo en las administraciones públicas, ya que de 2009 a 2014 la media en el sector público descendió a casi la mitad (un 47%) y en el privado, un 12%.
En la actualidad, una de las principales reivindicaciones de la PMcM se centra en implantar un régimen sancionador, un sistema con el que "se evitarían muchos de los malos hábitos de pago que existen en nuestro país", ha añadido Cañete. El 94% de los encuestados se manifestó a favor de implantar este sistema para solucionar el problema de la morosidad.
Además, la PMcM propone implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial, como la figura del mediador, y crear un mecanismo que asegure que los contratistas paguen a sus subcontratistas, así como desarrollar un observatorio contra la morosidad.
La PMcM considera necesario, además, que los gastos y costes inherentes al cobro de facturas fuera de plazo deben ser abonados por el comprador y que es irrenunciable el derecho a recibir intereses de demora. Otra de las consideraciones de la PMcM es que se debe implementar en la práctica la reserva de dominio, un derecho recogido en la Ley contra la Morosidad.
Según la PMcM, se debe dotar a los acreedores de los instrumentos para la dación inmediata de los bienes no pagados por el deudor cuando exista una cláusula de reserva de dominio en el contrato. Además, según su criterio se debe evitar que la liquidación de facturas mediante títulos cambiarios o a través de servicios financieros, como el confirming, permita a los compradores ampliar los plazos de pago legales.
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