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La patronal argumenta que esta medida debería ser objeto de negociación colectiva en lugar de imponerse por ley, y considera que su aplicación generalizada sería perjudicial, especialmente para las pymes y autónomos, quienes representan el 98% del tejido empresarial español.

En un comunicado, la CEOE criticó la intervención del Gobierno en asuntos que tradicionalmente pertenecen a los convenios colectivos, como la reducción de la jornada laboral. "Modificar por ley lo que debe ser negociado entre las partes es una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva", señala la patronal, destacando que ya existen acuerdos bilaterales sobre la jornada en diferentes sectores.

Ante la postura firme de los empresarios, el Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, deberá continuar las negociaciones únicamente con los sindicatos. Esto implica que las ayudas directas y bonificaciones propuestas por el Gobierno para apoyar a las pequeñas empresas en la adaptación a la nueva jornada laboral podrían quedar suspendidas, ya que estaban condicionadas a la participación de la CEOE en el acuerdo.

Durante la mañana, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, exhortó a la patronal a sumarse a esta reforma y a contribuir a un «gran pacto de país» que limite la jornada laboral, sin éxito. Pérez Rey cuestionó la negativa de la CEOE, sugiriendo que la organización antepone consideraciones políticas e ideológicas a los intereses empresariales.

Trabajo lleva diez meses en diálogo social para tratar de alcanzar un acuerdo tripartito, pero la salida de la CEOE reduce la negociación a los sindicatos CCOO y UGT, quienes ya han manifestado su apoyo a la reducción de la jornada laboral. Asimismo, han planteado otros temas como el refuerzo del registro horario y el derecho a la desconexión digital, puntos que podrían incluirse en el acuerdo con el Ministerio.

El Gobierno busca cumplir con su objetivo de llevar la jornada laboral a 37,5 horas en 2025, aunque ahora enfrenta un reto adicional en el Parlamento, donde la falta de respaldo empresarial podría complicar la aprobación de esta reforma en una legislatura donde cada voto cuenta.

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