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La seguridad jurídica es al ambiente de los negocios internacionales, similar a lo que es la confianza en una relación matrimonial, sin esta es literalmente imposible que pueda existir. La seguridad jurídica es sinónimo de certeza y en términos de negocios se traduce en mayores oportunidades para recibir más y mejores inversiones. Esta protección a los capitales extranjeros es fundamental para generar confianza en una economía cada vez más global y más competitiva.

De acuerdo con el último informe de Inversión Extranjera Directa de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), España es el segundo país del mundo con mayor inversión extranjera directa en la región después de Estados Unidos de América; también después de su propia casa, es decir, Europa, el segundo destino preferido de las inversiones españolas es América Latina.

Tanto empresas con inversiones actuales en América Latina, así como las que tengan interés de invertir en el futuro, deben conocer el ordenamiento jurídico del país donde desean hacer negocios. Para ello es indispensable investigar y analizar el ambiente jurídico de los negocios internacionales a través de un tercero que sea experto no solo en temas jurídicos sino que conozca culturalmente la región. Cuando un CEO investiga y analiza el ambiente jurídico y político lo hace bajo su percepción asumiendo el riesgo de emitir un juicio de valor que pueda alejarse de la realidad. De allí la importancia de contratar a un tercero que lo haga con independencia, objetividad y con conocimiento de lo que sucede día a día en Latinoamérica.

En este sentido, las empresas para minimizar el riesgo jurídico en inversiones actuales o futuras, deberían:

1. Analizar el régimen jurídico

2. Analizar la seguridad jurídica y la protección judicial

3. Analizar la fortaleza de las instituciones del Estado

Ahora bien, los Estados para promover las inversiones internacionales deberían:

1. Promover un ambiente de libertades económicas.

2. Contar con un poder judicial independiente que permita tener un árbitro imparcial cuando existan conflictos de intereses entre este y los inversionistas internacionales.

3. Tener organismos reguladores verdaderamente especializados que permitan establecer políticas y procesos en consonancia a los estándares de calidad internacionales.

La seguridad jurídica beneficia a los Estados y a los inversionistas internacionales. Todos ganan y en consecuencia ninguno pierde. Es indiscutible que el Estado no debe limitar su obligación indeclinable de proteger sus propios intereses económicos e incluso hasta su soberanía, pero también debe tener políticas claras respecto a la protección de los capitales extranjeros.

Una de las ventajas de la inversión extranjera directa es que permite a los Estados disponer de una fuente de financiación estable y de calidad que lo coadyuvará en la planificación e implantación de políticas públicas sanas y estables.

La seguridad jurídica debe ser base y principio fundamental en las relaciones entre el Estado y la Empresa.

Sección coordinada por José María Fernández Comas, experto en Marketing y Ventas en el sector legal

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