La volatilidad de los precios, la seguridad frente a impagos, las garantías ante la ocupación del domicilio y la vulnerabilidad hacia los efectos del Covid-19 son las principales preocupaciones de la población en materia de vivienda, asegura DAS Seguros
AltoDirectivo
El mercado inmobiliario español lleva varios años en el punto de mira de las instituciones públicas y de la población debido al incremento de los precios, y la llegada de la pandemia del Covid-19 no ha hecho sino exacerbar esta problemática. Ahora, se prevé un alza en la morosidad en los alquileres y se pronostican desahucios, incrementos en las ocupaciones ilegales y mucha incertidumbre y volatilidad en los precios, tanto de alquiler como de compra.
La incertidumbre se demuestra con las consultas legales recibidas por DAS Seguros desde el inicio del confinamiento, donde se observa que la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos. Las dudas sobre alquileres de inmuebles se multiplicaron en los meses de marzo y abril, con un incremento del 77% respecto a los meses previos, mientras que otras consultas legales, referentes a cuestiones de tráfico o automóviles, cayeron en picado. Así pues, ¿cómo afecta la legislación a la vivienda en 2020?
Medidas de urgencia ante la pandemia
El Gobierno español aplicó durante el Estado de Alarma una serie de medidas que se han ido prorrogando y en este momento tienen vigencia hasta finales de septiembre. Estas medidas urgentes incluyen la posibilidad de solicitar una moratoria de deuda hipotecaria hasta el 29 de septiembre; solicitar una prórroga extraordinaria del contrato del alquiler de seis meses con las mismas condiciones hasta el 30 de septiembre; el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta a grandes tenedores o empresas públicas también hasta el 30 de septiembre; o la ampliación de las garantías de suministro de electricidad, gas y agua ante situaciones de impago.
Además, los desahucios han sido suspendidos hasta el 1 de octubre de 2020. Asimismo, DAS Seguros ya aconsejó que ante esta situación es clave que los propietarios e inquilinos se pongan en contacto cuanto antes con el fin de conocer la situación actual de cada uno y poner en marcha las medidas pertinentes en cada caso.
La regulación del alquiler y los pisos turísticos
Los precios en el mercado inmobiliario han mantenido una tendencia creciente en los últimos años, principalmente en las grandes ciudades y sus alrededores por la llegada de turismo, lo que ha llevado a un incremento en los desahucios y en la vulnerabilidad de muchas familias. Ante esta situación, la Generalitat de Catalunya se dispuso hace unas semanas a aprobar una ley para regular los precios del alquiler en 60 municipios de más de 20.000 habitantes en esta región.
Dicha proposición de ley, que se preveía aprobada por el Parlament catalán para finales de julio, buscaba congelar los precios de los nuevos contratos y rebajar el precio medio de las renovaciones. Sin embargo, el Consell de Garanties Estatutàries emitió un dictamen el pasado 6 de agosto contra esta ley, argumentado que varios de sus artículos no pueden ser aplicados ya que ni la Generalitat de Catalunya ni el Parlament de Catalunya tiene competencias para hacerlo, según el Estatut catalán y la Constitución española.
A ello se une el nuevo decreto de turismo de Cataluña, que fue aprobado hace unas semanas por el Govern de la Generalitat y que permitirá a cualquier persona alquilar su vivienda con fines turísticos, aunque estará sometida a algunas limitaciones: el inmueble tendrá que ser la vivienda principal del titular y este tan solo podrá compartir ese piso con un máximo de cuatro personas con estancias iguales o inferiores a 31 días.
Ocupaciones, en el punto de mira
Las ocupaciones ilegales han incrementado con la crisis del Covid-19, como demuestran las 7.450 denuncias presentadas por ocupaciones ilegales de viviendas entre enero y junio de 2020, una cifra que supera la del año anterior. Cataluña es la comunidad con más demandas, con un total de 3.611 denuncias.
Esta práctica, ante la que los propietarios tienen muy pocas garantías y seguridad, está también debatiéndose en el Congreso de los Diputados, con diversos líderes y partidos políticos empezando a proponer medidas y a encarar este problema en primera línea. A pesar de ello, por el momento no se ha aplicado ninguna medida real para paliar este auge.
En este sentido, la iniciativa privada se fortalece en busca de soluciones, como es el caso de DAS Seguros. La compañía lanzó, el pasado junio, un microseguro antiocupación para pequeños propietarios y empresas, un producto que vela por los derechos de los arrendatarios en los conflictos relaciones con esta práctica ilícita y que puede acarrear muchos daños.
El mercado inmobiliario español lleva varios años en el punto de mira de las instituciones públicas y de la población debido al incremento de los precios, y la llegada de la pandemia del Covid-19 no ha hecho sino exacerbar esta problemática. Ahora, se prevé un alza en la morosidad en los alquileres y se pronostican desahucios, incrementos en las ocupaciones ilegales y mucha incertidumbre y volatilidad en los precios, tanto de alquiler como de compra.
La incertidumbre se demuestra con las consultas legales recibidas por DAS Seguros desde el inicio del confinamiento, donde se observa que la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos. Las dudas sobre alquileres de inmuebles se multiplicaron en los meses de marzo y abril, con un incremento del 77% respecto a los meses previos, mientras que otras consultas legales, referentes a cuestiones de tráfico o automóviles, cayeron en picado. Así pues, ¿cómo afecta la legislación a la vivienda en 2020?
Medidas de urgencia ante la pandemia
El Gobierno español aplicó durante el Estado de Alarma una serie de medidas que se han ido prorrogando y en este momento tienen vigencia hasta finales de septiembre. Estas medidas urgentes incluyen la posibilidad de solicitar una moratoria de deuda hipotecaria hasta el 29 de septiembre; solicitar una prórroga extraordinaria del contrato del alquiler de seis meses con las mismas condiciones hasta el 30 de septiembre; el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta a grandes tenedores o empresas públicas también hasta el 30 de septiembre; o la ampliación de las garantías de suministro de electricidad, gas y agua ante situaciones de impago.
Además, los desahucios han sido suspendidos hasta el 1 de octubre de 2020. Asimismo, DAS Seguros ya aconsejó que ante esta situación es clave que los propietarios e inquilinos se pongan en contacto cuanto antes con el fin de conocer la situación actual de cada uno y poner en marcha las medidas pertinentes en cada caso.
La regulación del alquiler y los pisos turísticos
Los precios en el mercado inmobiliario han mantenido una tendencia creciente en los últimos años, principalmente en las grandes ciudades y sus alrededores por la llegada de turismo, lo que ha llevado a un incremento en los desahucios y en la vulnerabilidad de muchas familias. Ante esta situación, la Generalitat de Catalunya se dispuso hace unas semanas a aprobar una ley para regular los precios del alquiler en 60 municipios de más de 20.000 habitantes en esta región.
Dicha proposición de ley, que se preveía aprobada por el Parlament catalán para finales de julio, buscaba congelar los precios de los nuevos contratos y rebajar el precio medio de las renovaciones. Sin embargo, el Consell de Garanties Estatutàries emitió un dictamen el pasado 6 de agosto contra esta ley, argumentado que varios de sus artículos no pueden ser aplicados ya que ni la Generalitat de Catalunya ni el Parlament de Catalunya tiene competencias para hacerlo, según el Estatut catalán y la Constitución española.
A ello se une el nuevo decreto de turismo de Cataluña, que fue aprobado hace unas semanas por el Govern de la Generalitat y que permitirá a cualquier persona alquilar su vivienda con fines turísticos, aunque estará sometida a algunas limitaciones: el inmueble tendrá que ser la vivienda principal del titular y este tan solo podrá compartir ese piso con un máximo de cuatro personas con estancias iguales o inferiores a 31 días.
Ocupaciones, en el punto de mira
Las ocupaciones ilegales han incrementado con la crisis del Covid-19, como demuestran las 7.450 denuncias presentadas por ocupaciones ilegales de viviendas entre enero y junio de 2020, una cifra que supera la del año anterior. Cataluña es la comunidad con más demandas, con un total de 3.611 denuncias.
Esta práctica, ante la que los propietarios tienen muy pocas garantías y seguridad, está también debatiéndose en el Congreso de los Diputados, con diversos líderes y partidos políticos empezando a proponer medidas y a encarar este problema en primera línea. A pesar de ello, por el momento no se ha aplicado ninguna medida real para paliar este auge.
En este sentido, la iniciativa privada se fortalece en busca de soluciones, como es el caso de DAS Seguros. La compañía lanzó, el pasado junio, un microseguro antiocupación para pequeños propietarios y empresas, un producto que vela por los derechos de los arrendatarios en los conflictos relaciones con esta práctica ilícita y que puede acarrear muchos daños.
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