AltoDirectivo
El Ejecutivo ha dado luz verde a sendos impuestos tras haber sometido los anteproyectos de ley, aprobados el pasado mes de octubre, a trámite de consulta pública para recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración del proyecto normativo. Ambos impuestos aparecen incluidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, y forman parte de la batería de tasas previstas por el Gobierno con las que espera recaudar 20.000 millones más que el año pasado.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado que la llamada 'tasa Google' se dirige a las plataformas que trabajan de forma "privilegiada" y que proporcionan una "gran desventaja" a otros comercios o actividades que pagaban impuestos, con lo que se hace frente a la "competencia desleal". De esta forma, España se convierte en el primer país de la Unión Europea que establece esta imposición para adaptar la tributación a los nuevos modelos de negocio digital.
En concreto, el nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido como 'tasa Google', gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. Celáa ha explicado que, en línea con la propuesta de la Comisión Europea, gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.
Este nuevo nuevo impuesto se dirige por tanto a las plataformas que ponen en contacto el que ofrece servicio y lo adquiere, pero no al que genera el producto, según ha matizado Celáa, que ha apuntado que la liquidación será trimestral y que el Gobierno espera recaudar con este tributo 1.200 millones de euros. El Ejecutivo justifica además su creación en que hay ingresos obtenidos en España por grandes empresas internacionales a partir de ciertas actividades digitales que escapan al actual marco fiscal, y hace falta una revisión.
Quedan excluidas del gravamen la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario. Además, se excluyen del impuesto determinados servicios financieros.
Tasa Tobin para operaciones financieras
Igualmente, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley que crea el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como 'tasa Tobin', que gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. Celáa, que ha sido la encargada de explicar algún detalle más de estos impuestos, ante la ausencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que se esperaba ver para informar sobre los tributos de nueva creación, ha dicho que la 'tasa Tobin' busca también la "equidad" del sistema.
Tal y como ha indicado la portavoz del Gobierno, desde el año 2013 un total de 10 países de la UE trabajan sobre esta imposición, que se considera "conveniente" establecer a nivel nacional. Así, siguiendo el modelo francés, solamente se someterán a tributación al 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición, y deberá presentar una declaración anual del impuesto.
Quedan fuera del ámbito de la 'tasa Tobin' la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados. El Gobierno calcula que ingresará unos 850 millones por esta nueva figura tributaria, que se destinarán a financiar las pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social.
Lo que no ha aprobado el Consejo de Ministros este viernes es el proyecto de ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que recogía un amplio abanico de medidas. Entre otras, incluirá la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros entre profesionales, el reforzamiento de la lista de morosos con los responsables solidarios y la aparición de los deudores a partir de 600.000 euros (ahora es un millón), la prohibición de amnistías fiscales y la adopción de medidas internacionales de lucha contra el fraude. Con todas estas medidas, prevé recaudar 500 millones de euros extra.
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
Alto Directivo
