La obligatoriedad de contar con un plan de compliance para acceder a fondos europeos llevará a 450.000 empresas a redactar dichos planes en los próximos tres años. Lo que hará que aquello que hasta el momento era sólo una cuestión de grandes empresas, baje hasta empresas medianas y pequeñas
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C&A Abogados Penalistas, bufete especializado en derecho penal, considera que al hilo de la Orden HFP/1030/2021, por la que las empresas que quieran acceder a fondos europeos Next Generation deben contar con un plan de compliance para combatir el fraude y la corrupción, en los próximo tres años 446.000 empresas van a proceder a la redacción e implantación de estos planes.
Hasta ahora los planes de compliance no eran obligatorios y según datos de la consultora Grant Thornton, solo el 10% de las empresas en España cuentan con dichos planes. Las empresas dotadas con planes de compliance son las de tamaño medio o grande o internacionalizadas. Muchas de las empresas que optarán a fondos europeos ya cuentan con dichos planes pero las pymes y empresas de menor tamaño deberán proceder a contar con planes de compliance para acceder a los fondos.
El estudio de KPMG sobre fondos europeos destaca el interés de casi el 45% de las empresas españolas por acceder a los fondos Next Generation. La mitad de los planes de compliance se van a encargar durante el 2022 aunque 2023 y 24 serán también años de trabajo en el ámbito de compliance ya que el Gobierno español prevé que los fondos lleguen a España en el periodo 2021-2024.
Un plan de compliance tarda unos tres meses en realizarse e implantarse y los costes oscilan, en función del sector y tamaño de la empresa, entre los 5.000 y los 30.000 euros.
La redacción de los planes y su implantación llevará consigo la contratación de miles de profesionales externos, alrededor de 10.000, para la ejecución y supervisión de dichos planes. ''El compliance officer puede ser un profesional externo que vela por el cumplimiento del plan. La figura del externo será la que tendrá mayor éxito en el ámbito de las pymes mientras las empresas de mayor tamaño optarán por internalizar la figura profesional'', afirma Eloi Castellarnau, director de C&A Abogados Penalistas.
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